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sábado, 18 de febrero de 2023
NOTAS SOBRE UNA EXPERIENCIA PRIVATIZADORA EN UNA CIUDAD DE IBEROAMERICA: El caso Pereira
En el seminario sobre Ciudades y Metrópolis, que dirige el profesor Pujadas, opté por realizar como ejercicio de cierre de seminario vinculado al eje “La privatización de la administración pública (externalización a empresas de servicios de titularidad pública”. Asociada a una de sus preguntas transversales en dicho ejercicio académico ¿Se transforma la ciudad para mejorar las condiciones de vida de las personas y/o se trata lisa y llanamente de procesos especulativos, tendentes a la obtención de plusvalías?
ALGO DE HISTORIA CONTEXTUAL
Podría decirse
que el renacer del Liberalismo Económico, posiblemente tuvo como uno de sus
primeros momentos a Latinoamérica, a Chile, después del Golpe (y asesinato en
combate) del presidente socialista Salvador Allende en 1973
“Lo hicieron siguiendo líneas de
libre mercado, privatizando activos públicos, abriendo recursos naturales a la explotación privada,
y facilitando inversiones extranjeras directas
y el libre comercio. Garantizaron el derecho de las compañías
extranjeras a repatriar beneficios de sus operaciones chilenas. Favorecieron el
crecimiento basado en las exportaciones
por sobre la sustitución de importaciones”
Y que, a partir
del éxito de tales medidas, vendría el inicio de la época de oro de su renacer:
“La subsiguiente reanimación de la economía chilena en términos de
crecimiento, acumulación de capital, y altas tasas de rentabilidad para las inversiones
extranjeras suministró evidencia sobre la cual se pudo modelar las políticas neoliberales más
abiertas tanto en Gran Bretaña (bajo
Thatcher) y EE.UU. (bajo Reagan)” (Harvey, 2007)
Ese proceso Thatcher
(P.M. 1979 a 1990) y el de Reagan (P. 1981 a 1989[1])
tiene su TOP, su “medalla de oro” con la caída del modelo del “socialismo
real”, del bloque socialista europeo, y la mega oleada de privatizaciones en la
Europa Oriental, que consolidarían prontamente las formas de “capitalismo
mafioso” (The Economist,
1999) que hoy hasta
los medios proclives al capitalismo critican
Virgilio Barco,
quien había sido miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial, desde 1969
hasta 1974 -en el momento de la irrupción de los conceptos de la Escuela de
Chicago- comienza a aplicar este modelo
a partir de 1989 bajo su Presidencia (1986-1990), siendo Cesar Gaviria
su Ministro de Hacienda (Economía) de 1986 a 1987. Se considera que ese es el
momento histórico en el que se comienza a desmontar el Estado de Bienestar... incipiente, por cierto.
Lo que se va a
dar esencialmente es un replanteamiento del modelo de sustitución de
importaciones, al modelo centro periferia, cepalino, que había funcionado,
relativamente, en los 50, 60, pero entrado en crisis en los 80 -no tanto en
Colombia-
"El nuevo modelo tenía que
ser abierto, liberalizado y estable. Basado principalmente en una política de mercado, este nuevo orden
pretendía disminuir el papel del Estado, con la finalidad de aumentar el margen
de maniobra del sector privado. La idea era clara, América Latina tenía que
abrir su economía, abandonar las
prácticas proteccionistas, recortar el hinchado papel del Estado; en otras palabras, la región latinoamericana tenía que
insertarse en la lógica del mercado"
(Martínez Rangel & Soto Reyes,
2012)
Era, de una
manera u otra, el regreso a las prácticas liberales pre crac mundial de los
años 30 del siglo XX donde ilusoria o manipuladoramente, se decía que el
desarrollo, la riqueza para las élites genera, vía libertad de mercado, una “cascada de riquezas” hacia los menos
favorecidos.
Así,
prontamente se llega a “El consenso de Washington” como resumen del desborde de
la presión Neo Liberal sobre “el patio trasero” de EEUU (América latina).
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CONSENSO DE WASHINGTON ORIGINAL |
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La lista
original · Disciplina fiscal · Reorientación de gastos públicos · Reforma tributaria · Liberalización financiera · Tipos de cambio unificados y competitivos · Liberalización del comercio · Apertura a la inversión extranjera directa · Privatización · Desregulación · Asegurar los derechos de propiedad |
El posterior
director de la CEPAL y actual ministro de hacienda del gobierno de centro
izquierda de Petro en Colombia (2022-6) lo decía así:
"los problemas fundamentales
del Consenso de Washington radican en cuatro
áreas: a) su concepto restringido de estabilidad macroeconómica; b) su
falta de atención al papel que pueden
cumplir las intervenciones de política en el sector productivo para inducir la inversión y
acelerar el crecimiento; c) su inclinación
a sostener una visión jerárquica de la relación entre políticas
económicas y sociales, que adjudica a
las segundas un lugar subordinado y, por último; d) su tendencia a olvidar que son los ciudadanos
quienes deben elegir las instituciones
económicas y sociales que prefieren" (Martínez Rangel & Soto Reyes,
2012)
Entonces
vinieron las reformas de segunda generación que se va a impulsar a fines del
siglo XX y comienzos del XXI
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CONSENSO DE WASHINGTON EXTENDIDO |
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…más: § Reforma política legal § Instituciones reguladoras § Anticorrupción § Flexibilidad del mercado laboral § Acuerdo con la Organización Mundial del Comercio § Códigos y estándares financieros § Apertura “prudente” de la cuenta capital § Regímenes de tipo de cambio no intermediados § Redes de seguridad social § Reducción de la pobreza |
Fuente: Patricia Navia y Andrés Velasco, “Las
reformas de segunda generación”, Después del Consenso de Washington
PRIVATIZAR
Como lo resumen
Martínez y Soto (2012)
al plantear los “dogmas de fe” sobre los cuales se construyo (construye)
el consenso neo liberal citado:
Sobre el papel del Estado: dado que el sector privado gestiona más eficientemente los recursos que el sector
público, los gobiernos deben disminuir
al Estado a su mínima expresión y dejar en manos del sector privado la mayor parte de su gestión aun
cuando se trate de “servicios
universales” (como el acceso al agua potable o a la electricidad).
El Estado debe ser un mero facilitador de los negocios
del sector privado (estabilidad), un regulador ocasional de los excesos del mercado
(programas de alivio de la pobreza y
protección del medio ambiente) y un garante de la paz social (gobernanza).
Bajo esa
premisa, Williamson -quien redactó “El consenso” pero No es su “autor”- resume
así el tema de la “Privatization” …muy
cercano al discurso aún hoy en uso del paternariado público-privado.
…More generally, privatization may help relieve the pressure on the
government budget, both in the short run by the revenue produced by the sale of
the enterprise and in the longer run inasmuch as investment need no longer be
financed by the government.
However, the main rationale for privatization is the belief that
private industry is managed more efficiently than state enterprises, because of
the more direct incentives faced by a manager who either has a direct personal
stake in the profits of an enterprise or else is accountable to those who do.
At the very least, the threat of bankruptcy places a floor under the
inefficiency of private enterprises, whereas many state enterprises seem to have
unlimited access to subsidies.
This belief in the superior
efficiency of the private sector has long been an article of faith in
Washington (though perhaps not held quite as fervently as in
the rest of the United States), but it was only with the enunciation of the
Baker Plan in 1985 that it became official US policy to promote foreign
privatization. The IMF and the World
Bank have duly encouraged privatization in Latin America and elsewhere since.[2] (negrillas
fuera del texto original)
El objetivo central de privatizar era “sanear las finanzas públicas y aliviar la
presión del presupuesto del gobierno”, pero ese marco lleva implícito
entonces: • Disciplina fiscal. • Reordenación de las prioridades del gasto
público. • Desregulación, así como • Aumento de la inversión extranjera
directa. • Liberalización del comercio. • Los recursos liberados se asignan
(supuestamente) en áreas estratégicas de carácter social. • Ampliación del
mercado de bienes y servicios.
REFORMA DE LOS SERVICIOS PUBLICO EN COLOMBIA
Recién “caído el muro” en medio de aquellos febriles años neo
liberales, con Cesar Gaviria ya no ministro,
sino presidente (1990 -1994) ad portas
de irse para la OEA, el 11 de julio de 1994, se expide en Colombia la
ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios “por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones” (Congreso, 1994). La cual formalizó la posibilidad
de privatizar, en todo o parcialmente, las empresas públicas municipales,
departamentales o nacionales.
Como se partía
de la cascada, o de las sobras que caían de la mesa de los ricos a la de los
pobres, era claro que lo esencial entonces era la rentabilidad con la inclusión social y la
equidad en un segundo plano “se estandarizó cobrar el promedio del costo de producción más la
ganancia relativa y se prohibió el subsidio. La legislación expedida ese año
prohibió los “subsidios colaterales entre los distintos servicios” (Varela Barrios, 2008)
El costo
tarifario fue establecido entonces por las Comisiones Regulatorias, CREG, que
las determinan a partir de 1. costos de producción (operación), 2. costos
administrativos (ganancia promedio) y, 3. gastos de mantenimiento y de
inversión futura. Lógicamente dicho costo, terminó mediado por presiones de las
empresas vinculadas a la prestación de dichos servicios en primer lugar, y en
segundo por el que ejercen las comunidades usuarias del mismo, mediadas,
generalmente, por actores políticos de carácter “clientelar”. A su vez aparece una Super Intendencia Estatal
de vigilancia y control:
Se dieron
procesos de corrupción:
“...Respecto de las valoraciones
de las térmicas de Cartagena y Tasajero, en 1997 se estableció que el valor de
Termocartagena era de 117 millones de dólares, pero fue vendida en 15,5
millones de dólares; Termotasajero fue valorada en 130 millones de dólares,
pero se vendió en 30 millones de dólares”. “La revista Economía Colombiana, de
la Contraloría General de la República, publicó el artículo ‘La privatización
de las electrificadoras de la Costa’ donde ponía en tela de juicio el proceso
de intervención y liquidación adelantado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD)”.... (Parra
G, 2012)
También se ha
dado un maridaje entre los actores: “El caso de Ríos es quizá el ejemplo más
evidente de la cercana relación que hoy existe entre los políticos que rigen a
Bogotá y los empresarios que ganan los millonarios contratos de la ciudad” (KienyKe, 2010)
Al momento de
escribir estas notas el primer gobierno cercano a la izquierda en un siglo en
Colombia, había suspendido (bajo la posibilidad que le daba la misma ley de
1994) dichas comisiones y centrado el control tarifario en la presidencia de la
república. Veremos los resultados.
EXPERIENCIA PEREIRA
Las Empresas Públicas
de Pereira, más conocidas como EE. PP, hacia 1995 generaban una utilidad neta alrededor
de los 13 millones de dólares anuales y sus activos rondaban los 240 millones
de dólares de la época[3]. Tenía
(tiene) el monopolio del servicio de energía eléctrica, así como de acueducto y
alcantarillado. Se consideraba que era
la 2ª empresa más grande de los tres departamentos que conforman el (antiguo)
eje cafetero colombiano, después de otras empresas públicas (hoy también
vendidas): la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC.
Para ese año, se hacía
visible el interés del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en la
privatización de la misma, y especialmente en lo relacionado con el agua.
18 años
después, quien aquí escribe, recordaba:
En esa época se armó una comisión
técnica, la cual tuvo entre sus apreciaciones, la posibilidad de que se
construyera un holding empresarial público con cada una de las partes de la
empresa, pero que estas nunca se independizaran y menos aún se privatizaran…¿le
suena?...¿le recuerda a las hoy vigorosas empresas públicas de Medellín? (Parra
G, 2013a)
Para 1996,
el alcalde Juan Manuel Arango -otrora
Secretario de Comunicaciones en la Presidencia de Cesar Gaviria- , con el
apoyo de la mayoría del Concejo, aprobó la venta del 11 % de la empresa. (Suarez, 1996). Ese mismo
año, se establece el acuerdo No. 30 (Concejo Municipal, 1996) “Por el cual se
autoriza al alcalde de Pereira para transformar el establecimiento público “empresas públicas de Pereira” en sociedades por acciones y
se dictan otras disposiciones”. Con
ello la empresa estatal más grande del municipio, cuyos activos, al depreciarse
la moneda en un 12%[4], ya se calculaban en unos
200 millones de dólares de la época (C. E. E. El Tiempo, 1997) quedaría dividida en
• Empresa De Energía De Pereira S.A. E.S.P,
• Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Pereira S.A. E.S.P.,
• Empresa De Telecomunicaciones De Pereira S.A. E.S.P.
• Empresa De Aseo De Pereira S.A. E.S.P. y
• Empresa Multiservicios S.A. (DUQUE RAMÍREZ, 2010)
En los meses siguientes el proceso se fue aterrizando, por
ejemplo, en la escritura pública No. 1327 del 16 de mayo de 1997, la Empresa de
Energía de Pereira S.A ESP, fue convertida en una entidad descentralizada de
servicios del orden territorial.
Todas las empresas que se fueron desarrollando en los años
posteriores, indistintamente de que se diera una privatización completa,
parcial, o siga siendo propiedad del municipio, o que su capitalización se
asocie a figuras público-privada, concesión privada, publica bajo régimen
privado, van a tener varias coincidencias que las diferencian muy poco de otros
procesos en el país o … en el mundo:
-
Se mueve dentro de un régimen laboral
y normas más “flexibles” que le permite contratar bajo criterios del mercado
-
Han tenido evidentes mejorías en su
administración, se supone que incluso se habían quebrado o estaban al borde de
ello, pero realizando recortes de
personal y un incremento en las tarifas todas hoy dan ganancias
-
Los Monopolios continúan, tanto en
Agua y Alcantarillado como en Electricidad; Aseo tiene una posición dominante,
pero no es monopolio. El caso de telefonía se distorsiona ante el salto
tecnológico.
Si bien, al igual que en otras partes el proceso fue gradual,
mediada por el clientelismo y corrupción en su manejo incluso, imponiéndose paulatinamente,
la concepción de mercado, la necesidad de que las empresas fueras
autosuficientes, demostraran su capacidad de generar rentas que les permitieran
procesos de reinversión, modernización y ampliación
Con excepción de Multiservicios S.A (que se ocupaba de la facturación y otras):
La
sepultura fue la suerte de Multiservicios, al quedar en patrimonio negativo de
más del 50 por ciento. Fue un “nido de corrupción”, denunció el concejal Carlos
Crosthwaite, que hasta fue usado en el 2006 como intermediario para entregar el
recaudo de impuestos al consorcio Cise, lo cual le implicó un proceso
administrativo al alcalde de entonces, Juan Manuel Arango, a quien Alejandro
Ordóñez salvó en última instancia, pese a que alcaldes de otras ciudades fueron
sancionados por lo mismo. (Suarez,
2017)
… las demás existen. El proceso No ha sido igual con cada una de
ellas, así que las diferenciaremos
ALUMBRADO: CONCESIONADA
IRREGULARMENTE [5]
Los
alumbrados, curiosamente, no hicieron parte expresa de las normas asociadas a
Servicios Públicos Domiciliarios, en las leyes de los 90. Es posible que ello
sucediera porque eran prestados, en general por las empresas de energía.
Empero, pasados los años siguientes, se convirtieron en “unidades de negocio”
aparte.
Un puñado de
empresarios crearon firmas con miras a obtener concesiones en diferentes partes
del país. Aunque ninguna autoridad estatal tiene el número exacto, pues el
alumbrado no está regulado ni por la Creg ni por la Superintendencia de
Servicios Públicos, algunos expertos calculan que un centenar de municipios han
concesionado su alumbrado a firmas privadas. En el sector se distinguen tres
grandes empresarios: Remberto Merlano, que participa de nueve concesiones,
principalmente en la Costa Caribe (Diselecsa e ISM); William Vélez, que está en
siete en distintos departamentos (Eléctricas de Medellín), y Alberto Ríos, en
cinco concesiones en el centro y occidente del país (Enelar de Pereira y
Sociluz). (Semana,
2004)
En
Pereira, si bien, el Acuerdo Municipal 125 del 20 de diciembre de 1998 que fundamentó
el Contrato de Concesión del alumbrado público, fue declarado nulo por el Tribunal
(provincial) de lo Contencioso Administrativo en 2001; el contrato de concesión
# 1 del 17 de septiembre de 1999, con ENELAR, se mantuvo en firme. (Eje
21, 2014). Enelar
desarrollaba tres actividades: la prestación del servicio y su
comercialización, el mantenimiento y el recaudo
Transparencia por Colombia, en su tour por Pereira, decía lo
siguiente:
En
1999, la Alcaldía de Pereira suscribió un convenio con la empresa ENELAR para
la prestación del servicio de alumbrado público en la capital de Risaralda por
una vigencia de 20 años. No obstante, en 2014 el Consejo de Estado determinó la
nulidad del contrato. El contrato fue finalmente liquidado en 2015 pero el
monto de indemnización transferido a la empresa ENELAR podría haber generado un
detrimento patrimonial para la ciudad al entregarles una suma de dinero que no
les correspondía.(Transparencia,
2018)
La
nota olvido lo más crudo: “se negoció sobre la base de que el municipio tenía
45.000 luminarias cuando en realidad sólo tenía 23.000” (Semana,
2004).
“ENELAR aportó 150 millones de pesos, constituyeron el único aporte del
Concesionario y fueron amortiguados ampliamente por los ingresos del primer año” (López
Ossa, 2017)
Ya
para 2004 la Personería Municipal había demandado, y en el 2006 el Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda (Provincial) había ordenado la
liquidación del contrato de concesión para la prestación del servicio de
alumbrado público (La
República, 2014) . [6]En 2012,
la Contraloría General de la República ya había anunciado la existencia de irregularidades
en el control de activos. Empero, dados los tiempos judiciales en Colombia y
las tácticas dilatorias surtidas, sólo estuvo en firme 10 años después. Nadie
iba a perder un negocio que para 2014 recaudaba anualmente 5.5 millones de
dólares(Umaña
Mejía, 2014).
Para asombro, inmediatamente el consejo de estado “obligó la
cancelación del contrato firmado desde 1999 y que tenía incoherencias e
irregularidades” la Empresa de Energía (que ya era copropiedad del mismo dueño
de Enelar) planteo “quedarse operando el alumbrado público” (Caracol,
2014).
Efectivamente, así sucedió. Empero ENELAR no olvidó demandar a la alcaldía “por
utilidades futuras” (López
Ossa, 2016).
También así fue: Se pagaron cerca de 2 millones de dólares. Algo fétido al
parecer sucedió:
"cuando
el Consejo de Estado ordenó la liquidación del contrato de alumbrado público
con Enelar, el municipio contrató una persona que hizo inventario y verificó
estados de cuenta[7] y
definió que esa empresa tendría que pagarle más de 8600 millones de pesos al
municipio por diferentes conceptos, principalmente el de no demostrar la
adquisición de nuevas redes según lo dice la Contraloría entre 2010 y 2014. Sin
embargo, a esa persona la despidieron y dejaron la liquidación en manos de dos
funcionarios del Infi Pereira, que no tomaron en cuenta el informe contratado previamente,
sino que aceptaron las condiciones de liquidación que había dado Enelar y que
representaban el pago de 5400 millones de pesos por parte del municipio a esa
empresa[8].
Una mañana amanecimos con 8000 millones y a la siguiente amanecimos sin más de
13 mil" James Fonseca en (Ardila
Cedeño, 2017)
Tuvieron que pasar varios años, y sólo tras la denuncia del
párrafo anterior de la Corporación Vigía Cívica[9], el
municipio recordó demandar a ENELAR para que le devolviera más de 5 millones de
dólares cobrados por 22 mil luminarias inexistentes sumado a que “no cumplir
con la renovación e instalación de nuevas redes durante los años 2010 a 2014” (Ardila
Cedeño, 2017).
Lo “macondiano” del caso era que a pesar del denunciado detrimento
fiscal por más de 13.000 mil millones de pesos, denunciado por el Contralor de
Pereira por parte de Enelar, esa era la empresa que aún continuaba realizando
dichas labores (RCN
Radio, 2017).
Al momento de escribir estas notas, el servicio es prestado, con
deficiencias, por un área del municipio y se han presentado polémicas respecto
a la posible creación de una empresa, con capital privado, que modernice el
servicio.
TELECOMUNICACIONES:
VENDIDA
Se constituyó como
una sociedad anónima comercial entre entidades públicas y tuvo un primer
proceso de venta en 1998 en el cual el sector solidario adquirió el 0,06 por
ciento de la entidad.
Ya para el año
siguiente emergió un curioso actor, las Empresas Públicas de Medellín (EPM)[10]. La curiosidad,
para un lector foráneo, radica en que ésta empresa, propiedad del municipio
de Medellín -la segunda ciudad de Colombia- regida bajo parámetros privados,
prácticamente desde su fundación en 1956, más que debilitarse en la ola privatizadora, se fortaleció, y por el
contrario “engulló” a parte de las que otrora habían sido sus pares: Empresa Antioqueña de
Energía EADE, Empresa Departamental de Telecomunicaciones EDATEL, EPM Bogotá,
Aguas Bogotá, Empresa de Energía del Quindío, Central Hidroeléctrica de Caldas,
otras y a la Empresa Telefónica de Pereira.
El 5 de agosto de 1999 EPM oficializó la compra del 56
por ciento de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira… La propuesta
económica presentada por EPM fue de 132.000 millones de pesos, aproximadamente 75
millones de dólares, pagaderos entre ese año y el 2000 (C. E. E. El Tiempo, 1999).
Para el periodo del alcalde de
Medellín, Luis Pérez, 2001-2004, se vinieron escándalos de corrupción (abuso de
dineros públicos) tales como la compra de una vajilla por 35 mil dólares, que
le costó la cabeza a la gerente de EPM (El País, 2003) los cuales tuvieron eco en la
ciudad, pues también fue destituida Isabel Cristina Vargas la gerente de ETP:
…recibió
de la empresa una tarjeta de crédito con cupo de 35 millones de pesos. Sin
embargo, exigió aumento del monto por si no le alcanzaba, contó Guerra. Además
- añadió- compró regalos a funcionarios y miembros de la Junta Directiva de la
ETP, tales como hornos microondas y televisores. La denuncia más seria del
parlamentario, sin embargo, fue la de las destituciones irregulares de
empleados con mucho tiempo en la empresa, que ordenó Vargas, para vincular a
personas provenientes de Medellín, amigos personales y del alcalde Pérez
Gutiérrez (C.
E. El Tiempo, 2003)
A ello se sumaba que recién EPM
había creado una fundación, u ONG, que se supone desarrollaba programas sociales
en las comunidades donde ejercía influencia, como Pereira, la cual se vio
salpicada.
El despilfarro entonces de
recursos obtenidos a partir de una “actitud hegemónica frente
a la comunidad y los trabajadores, toda vez que su comportamiento se enmarca bajo
el derecho privado y por ende, las políticas neoliberales del mercado y del
capital extranjero” (CUT, 2006)
Salvo la remodelación de la Plaza de
Bolívar, la Carrera 8ª, y, posteriormente la intervención integral de “Ciudad
victoria” en la alcaldía siguiente con 30 de esos 132 mil, poco y nada se hizo.
¿con qué otra vaca lechera se reemplazó? ¿qué activo productivo se generó?
¡Ninguno! (Parra
G, 2020)
Pero el proceso no
concluiría allí. Pasados los años y ante la crisis de la telefonía fija y banda
ancha, la empresa desarrolló en 2006 su propio espacio dentro de la telefonía
celular como UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Ese mismo año se expediría el Acuerdo Número 9 de 2006 del Concejo
Municipal para enajenar las acciones del Municipio en la Empresa Telefónica de
Pereira.
Ya para 2013, en Medellín,
su concejo establece el acuerdo 106, que transforma Une EPM, y le daba a su
alcalde, Aníbal Gaviria, la posibilidad de una fusión con el grupo luxemburgués
Millicom. Aún quedaba en manos del municipio de Pereira el resto de la empresa
telefónica (Parra G, 2013b) y dicha situación facilitó la negociación de su venta -en una
franja del negocio de las comunicaciones en declive- en 34 millones de dólares,
con lo que EPM se hizo propietaria del 99.98% de la empresa.
En Julio de 2013
argumentando que “el 100%” sería para “modernizar el Aeropuerto”
(ciudadregion.com) por 33.7 millones de dólares (64 mil millones de pesos) se
vendió el resto de Telecomunicaciones. Nunca se reinvirtió en un activo
productivo como el Matecaña. Sino en pavimento: avenidas, andenes y casetas. Y
en Ukumary. (Parra
G, 2020)
Ya para 2014, la
multinacional Millicom (marca TigoUNE) tomara las riendas del negocio. Entre ese
año y el 2107 saldría -a nivel nacional- más de 1.500 trabajadores, según publicaba el
Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios, Complementarios SINPRO (2017).
“Nunca hubo contabilidad transparente sobre el destino de lo recibido
por las ventas de acciones” (negrillas
en el original) (Suarez, 2017)
ENERGIA: PRIVADA 49%
+ 1 PRIMA DE CONTROL
La empresa estuvo a
punto de ser liquidada en el 2003 (El Turbión, 2007), empero, tres años después, con poco escrutinio
público, participaba en aventuras financieras con otras empresas:
5 de mayo
2006: Empresa de energía del Combeima compra Enertolima[11]: “El consorcio ganador estaba integrado por las
empresas Kapital Energy, Empresa de Energía de Pereira, Servicios Integrales
del Valle y Enelar Pereira. Kapital Energy es del grupo Nule[12]
y
33% de uno de sus socios en diversos negocios, Vergel y Castellanos” (Corrupcionaldia,
2020)
En el 2006, el
Empresario Ríos Velilla (propietario de la citada ENELAR) prestó a la Empresa
de Energía, en ese entonces del municipio de Pereira, 1.5 millones de dólares;
los cuales fueron utilizados para participar en la Empresa Capitalizadora del
Tolima, que, a su vez adquirió el 49,9 por ciento de EnerTolima. (Eje
21, 2011) El objetivo
era que la presencia de la empresa les facilitara un cumplimiento legal para
poder Licitar.
Esa transacción, al ser el prestamista una persona
natural, fue glosada por el ministerio de Hacienda, que se abstuvo de
inscribirla como operación de crédito público, y la firma de banca de
inversión, Nexia, la catalogó como “un riesgo” para EEP.
La incorporación de EEP en dicho consorcio se
aprobó con la condición de que no invertiría de sus recursos pues solo
aportaría su experiencia. Sin embargo, hubo cambio en las reglas
y se le impuso aportar dinero y hasta la fecha no se le ha tenido en cuenta en
lo más mínimo para la administración de Enertolima (Suárez Montoya, 2008)
Hacia 2007 se da una gran
polémica respecto a la posibilidad de vender el 49% de las acciones de la
Empresa de Energía de Pereira (EEP) con un «socio estratégico» que apalancará
la puesta en marcha de tres proyectos de generación por 76 millones de dólares
del momento (El Turbión, 2007). Senadores de la oposición, denunciaron que la
Empresa de Energía se estaría auto comprando, pues era socia de Enertolima, la
cual pretendía adquirir el porcentaje ofertado.
De hecho para Octubre
de ese año, se conformaba un “Frente Amplio en
Defensa de la Empresa de Energía” el cual impulsaba una consulta Popular (mecanismo
de participación constitucional) sobre el futuro de la empresa (Renovación,
2007)
. Dichos ejercicios lograron una suspensión del proceso
de capitalización a fines de noviembre, tras acciones de tutela (mecanismo constitucional de protección de derechos) del
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e
Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES) y otros actores. (C. E. El Tiempo, 2007).
Empero, el proceso
avanzó:
Para junio del 2008, le toca a Energía, que
–curiosamente- tenía “un pasivo cercano a los 80.000 millones de pesos, una
cartera de 19.000 millones de pesos y un déficit mayor a 23.000 millones” otra
vez unas Empresas PUBLICAS de Medellín que nunca quisieron desmembrarse –como
en Bogotá nunca se vendieron o concesionaron- participan y pierden la puja con
Enertolima, quien la capitaliza en 181 mil millones, y paga 21.500 millones por
la “prima de control”. Es decir, la empresa y las ganancias son del municipio
en un 51% pero su “control” es del privado. (Parra
G, 2020)
Mucho
ruido se surtió en el momento de la adquisición, se dio un proceso similar al
relatado por (Varela Barrios, 2008):
En relación con
las políticas de financiamiento, el mecanismo de atracción de capital adicional
al sector fue insuficiente y
defectuoso. Como se dice comúnmente en
Colombia, simplemente con un documento
de identidad los nuevos inversionistas, apoyados en sus antecedentes bancarios
o financieros, pudieron acceder al negocio sin incluir cuotas significativas de capitalización.
En algunos
casos, mediante mecanismos de tercerización simplemente fue transferida la
propiedad pública al sector privado sin
que ello implicara una modernización
significativa de las tecnologías, infraestructuras o formas innovativas en la gestión de las
empresas o en sus recursos humanos
En
el caso puntual:
De confirmarse esto, los Nule habrían logrado la participación
en Enertolima solo con la cédula. Con el beneficio adicional de que este activo
logró en muy poco tiempo una sorprendente valorización, lo que en un abrir y
cerrar de ojos llevó el patrimonio de los Nule de 50 millones de dólares a 160
millones de dólares, como lo confirmó Miguel Nule en una entrevista con SEMANA a
comienzos de este año…
Con un esquema
similar al usado en la compra de Enertolima, nuevamente la dupla Nule-Ríos le
apuntó, en 2008, a otro de sus grandes negocios: la Empresa de Energía de
Pereira, una compra por 202.000 millones de pesos. (Semana,
2010)[13]
Uno
de los representantes del municipio en la junta directiva de la empresa
denunció:
Hace cerca de 2 años se hizo la capitalización de
la electrificadora de Pereira por 205 mil millones de pesos. El Municipio de
Pereira cedía el 49 por ciento de las acciones y el control de la empresa a
quien hizo la mejor oferta: Enertolima (a través de su filian Eninsa). Los
principales socios de la empresa capitalizadora eran los señores Ríos Velilla y
los Nule. A cambio lo que buscaba la administración de Pereira era dinero para
modernizar la infraestructura eléctrica de Pereira que tenía un atraso superior
a los 20 años.
Pues bien, ¿Qué
hizo la nueva administración con esa plata? La nueva directiva, impuesta por
los socios de Enertolima tomó las siguientes decisiones. Cerca de la mitad de
los recursos los usaron para prepagar energía -comprada a Enertolima- por 107
mil millones de pesos. Es decir, los que entran como socios de la
electrificadora de Pereira lo primero que hacen es comprarse a sí mismos
energía eléctrica anticipadamente para varios años. Esa decisión no solamente
representaba un conflicto de intereses, sino que además violaba las normas del
mercado de electricidad por cuanto esa compra de energía sólo se podía hacerse
a una empresa generadora…
Eso quiere decir que de los 205 mil millones que
Enertolima y sus socios -Ríos y Nule- pagaron por controlar la electrificadora
de Pereira, cerca de 150 mil millones retornaron a sus arcas por medio de
varios malabares jurídicos y financieros.
Hay algo más
grave: estas decisiones no fueron tomadas por la Junta Directiva de la empresa
Pereirana en la que tienen asiento los delegados del alcalde sino por la
tesorería de la empresa controlada en ese momento por la dupla Nule-Ríos.(W
Radio, 2010)[14]
Pocas semanas después la gerente renunció y aceptó
que “cuando llegó al cargo ya habían salido 38 mil 700 millones de pesos de la
empresa que, al parecer, terminaron en manos de los Nule” (Ospina,
2011). Para el año siguiente la Superintendencia de Sociedades ordenó
devolver las acciones que los Nule -delincuentes confesos de corrupción para
ese entonces- indirectamente tenían en Enertolima y Enerpereira.
EL famoso préstamo del 2006 fue demandado:
El 5 de mayo de 2010 se declara fallida una nueva
audiencia. Durante el proceso se concluye que el convenio suscrito entre la
Empresa de Energía de Pereira y Luis Alberto Ríos Velilla estaba viciado de
nulidad absoluta, porque su objeto resultaba ilícito, como quiera que si lo que
necesitaba era obtener recursos, de conformidad con las normas, debía acudir a
la figura del empréstito, lo que no se hizo y en su lugar se suscribió el
convenio.(Eje
21, 2011)[15]
Pero, nuevamente, al
igual que había sucedido con ENELAR, el proceso ya había avanzado, y Ríos
Velilla había adquirido el 49% + 1 acción de control… a EEP. “Tampoco corrió con rumbo conocido lo
devengado por el municipio en el 2008 en la transacción del 49 por ciento de la
empresa” (Suarez, 2017)
La planta de personal se redujo en el año 2009 en
un 19% respecto a la del año 2008 (disminuyo en 37 personas). Los contratistas
fueron los que tuvieron una mayor reducción de pasar de 79 a diciembre de 2008
a 52 en diciembre de 2009 ( ▼ 34%). Los
funcionarios de planta disminuyeron en 10, al pasar de 111 a 101 funcionarios (▼ 10%) (EEP,
2010)
Si
bien el sindicato no pudo ser destruido, si se ha generado figuras asociadas a
“contrapliegos patronales”, basados en la búsqueda de la “competitividad”
La
evolución respecto a los asociados varió, en la forma, en los años siguientes:
Fuente:
https://www.eep.com.co/Informe2014/#p=11
Las
investigaciones y procesos tuvieron alguna relevancia hacia 2016, cuando la
Empresa demandó la contraloría municipal (el ente público encargado de la
vigilancia de los bienes públicos) por hacer “uso de recursos públicos
presuntamente gastados en el tramite de procesos de responsabilidad fiscal” [16] (si, así como se lee) ante su superior
jerárquico que es la contraloría general de la república -dirigida en ese
entonces por quien había sido secretario de gobierno del alcalde que había
vendido la parte de la empresa- la cual falló con una especie de “empate
técnico” entre las partes.
En
fin … lo cierto también es que una empresa que para el 2003 estaba a punto de
ser liquidada y que para “2007 Ener Pereira había sido valorada en $110.000
millones” en 2008 Valia en activos 119 mil y el 2009 131 mil … “en 2017, el 51%
de los activos valían $350.000 millones, tres veces más de lo valían 10 años
atrás”. (Corrupcionaldia,
2020)
[17].
Para el año 2012, 2013 y 2014 se distribuyó aproximadamente 12 millones de
dólares entre las partes, al municipio le correspondieron el 51%. Veamos en
detalle:
|
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA |
||||
|
UTILIDAD EN MILES DE PESOS |
||||
|
Vigencia |
utilidad/perdida en miles |
aproximado en Dolares de la fecha |
aproximado transferido al municipio |
Alcalde |
|
2007 |
$ 583.000 |
$ 280.796,05 |
$ 137.590,07 |
Juan Manuel Arango Vélez |
|
2008 |
|
$ - |
$ - |
Israel Alberto Londoño Londoño |
|
2009 |
$ 9.500.000 |
$ 4.411.833,00 |
$ 2.161.798,17 |
|
|
2010 (1) |
$ 9.016.000 |
$ 4.748.562,16 |
$ 2.326.795,46 |
|
|
2011 |
$ 4.477.000 |
$ 2.423.970,07 |
$ 1.187.745,33 |
|
|
2012 |
$ 6.507.000 |
$ 3.619.443,87 |
$ 1.773.527,50 |
Enrique Vásquez Zuleta |
|
2013 |
$ 8.300.000 |
$ 4.440.639,88 |
$ 2.175.913,54 |
|
|
2014 |
$ 13.799.000 |
$ 6.898.361,77 |
$ 3.380.197,27 |
|
|
2015 |
$ 6.602.000 |
$ 2.406.511,65 |
$ 1.179.190,71 |
|
|
2016 |
$ 36.626.000 |
$ 12.004.667,35 |
$ 5.882.287,00 |
Juan Pablo Gallo Maya |
|
2017 |
$ 27.233.000 |
$ 9.227.396,55 |
$ 4.521.424,31 |
|
|
2018 |
$ 31.917.000 |
$ 10.811.625,62 |
$ 5.297.696,55 |
|
|
2019 |
$ 48.534.000 |
$ 14.781.853,90 |
$ 7.243.108,41 |
|
|
2020 |
$ 41.546.000 |
$ 11.274.508,47 |
$ 5.524.509,15 |
Carlos Alberto Maya López |
|
2021 |
$ 96.711.000 |
$ 25.837.209,36 |
$ 12.660.232,59 |
|
Cuadro de elaboración propia. Fuentes https://www.eep.com.co/informacion-al-ciudadano/informacion/informeseep en especial https://www.eep.com.co/informes/informes-de-sostenibilidad [18]
ASEO: CONTRATO DE
OPERACIÓN (CONCESIONADA)
Ya
antes de 1991, de la constitución, o de las leyes de 1994, se habían dado
procesos privatizadores de “la recolección de las basuras y la disposición de
los residuos y desechos sólidos”, por
ejemplo, en Bogotá, Cartagena y Barranquilla. (Varela, 2007)
En
Pereira, al igual que había pasado años antes con la generalidad del proceso, a
pesar de que otra consultoría había planteado que la empresa de Aseo era viable
(El Turbión, 2007)
Para febrero del 2007,
el proceso avanzó:
“…“El contrato entrega la
concesión del aseo a veinte años y a cambio Atesa debe aportar 5.800
millones de pesos para financiar el pasivo pensional de la empresa de
Aseo. También deberá pagar 2.000 millones de pesos por los vehículos y
maquinaria de la empresa” …
“transferirá del 2007
al 2011 un porcentaje creciente (de 5 al 9 por ciento) de los ingresos por la
prestación de los servicios” (eltiempo.com) …” (Parra
G, 2020)
En el acápite “Entes de Vigilancia y Control” http://www.atesadeoccidente.com/entes/ ATESA ubica “La Empresa de Aseo Pereira: Es una entidad
Oficial, con capital 100% público; delegada desde Junio de 1997 por el
Municipio de Pereira como GARANTE de la prestación de los Servicios Públicos,
para ser la gestora y única responsable del servicio ordinario de aseo”.
La empresa como tal no desapareció, sino que concesionó en un
100% su servicio y se convirtió, se utiliza el término “contrato de operación”
porque se considera que, al existir otras pequeñas empresas compitiendo, no
existe un monopolio, pero, en los hechos existe una posición “ampliamente
dominante”.
Ha
tenido dos momentos, un primero donde se firmó dicho contrato a 20 años, en
2007, donde el municipio recibía, según unas fuentes el 10% y otras el 5%,
posteriormente se hizo una prórroga de 10 años, donde pasó al 12.1% y “A partir del 2027 se aumenta al 13,7%” (O.C., 2023).
En tal escenario la empresa cumple el rol de “interventora” del
contrato. En general ha sido una función mecánica, debilitada, y clientelizada https://www.aseopereira.gov.co/la-entidad#organigrama que toma prácticamente todo lo que le transfiere ATESA para su auto sostenimiento, pudiendo transferir pocas veces recursos al municipio .
|
Vigencia |
utilidad/perdida en miles |
aproximado en Dólares de la fecha |
Alcalde |
|
2012 |
$ 5.167.838,00 |
$ 2.874.550,42 |
Enrique
Vásquez Zuleta |
|
2013 |
$ 6.870.983,00 |
$ 3.676.091,70 |
|
|
2014 |
$ 5.316.139,00 |
$ 2.657.630,99 |
|
|
2015 (a) |
$ 4.509.429,00 |
$ 1.643.743,32 |
|
|
2016 (b) |
$ 5.263.692,00 |
$ 1.725.246,31 |
Juan
Pablo Gallo Maya |
|
2017 |
$ 6.971.581,00 |
$ 2.362.190,82 |
|
|
2018 |
$ 6.022.893,00 |
$ 2.040.206,29 |
|
|
2019 |
$ 5.982.169,00 |
$ 1.821.971,16 |
|
|
2020 |
$ 6.880.360,00 |
$ 1.867.151,52 |
Carlos
Alberto Maya López |
|
2021 (c) |
$ 7.689.268,00 |
$ 2.054.256,78 |
|
|
2022 |
$ 8.482.951,00 |
$ 1.993.436,87 |
|
|
(a) La
empresa reflejaba saldos negativos que amenaza su liquidación |
|||
Cuadro propio, a partir de información
de la Empresa de Aseo.
AGUA Y ALCANTARILLADO: EMPRESA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO.
7 años después de
convertirse en una Empresa independiente, 2001, la nueva gerente encontró “un
pagaré con el BID muy alto, que excedía la capacidad de pago de la Empresa.
Pero lo más grave era que el monto estaba basado en una infraestructura
excesiva y no necesaria” (A. ,
2023).
Tras su insistencia, pudo ser reducido a aproximadamente un tercio, 25 millones
de dólares. “La empresa no hubiera resistido ese valor de crédito, además tenía
muchas condiciones relacionadas con la privatización y también las hicimos
cambiar” agregó[19].
Pero la intención continuó tras su retiro:
Desde hace tres
años (2003), las organizaciones sociales de Pereira, lideradas por los ambientalistas
y el sindicato de Sintraemsdes, se integraron en el “Comité por la Defensa de
la Vida y el Agua”, por las pretensiones del BID de privatizar la empresa Aguas
y Aguas de Pereira, por medio de un préstamo de 38.6 millones de dólares.
empresa…
Con el crédito
se pedía vender acciones de la empresa a particulares y contratar un operador
internacional de un país socio al banco. Se quería obligar a la empresa,
cambiar su razón social de capital público y abrir el acceso al sector privado;
vulnerando su blindaje público e iniciar un proceso de privatización y control
por medio de los operadores internacionales de confianza del Banco
Interamericano de Desarrollo (SEMILLAS, 2006)
Tras
una amplia movilización, liderada por sectores de oposición política, el
proyecto No avanzó. (Piñeros, 2005). Empero, en 2004, un Acuerdo Municipal
convirtió la Empresa en sociedad anónima de economía mixta y le incorporó
accionistas privados.
Hacia
el 2008 (Varela Barrios) se consideraba
que buena parte de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia continuaban
siendo del estado, pero bajo la figura de la Empresa Industrial y Comercial
del Estado (EICE) con una NUEVA GESTIÓN
PÚBLICA (NGP)[20]
donde, en esencia, se manejan las empresas públicas bajo una mirada y una
normatividad privada. Dentro de la cual
cabe la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. Este modelo ha generado diversos debates
sobre el control real de estas empresas (“Principal Agente”) muy asociado al
perfil del alcalde (y al concejo municipal), el cual, supuestamente representa
los intereses de la ciudadanía, del “público”, el “principal”.
Los
alcaldes que carecen de formación administrativa privada (no pública)
especialmente en el área financiera, han sido, dadas sus debilidades entonces,
mediocres representantes de la ciudadanía. Pues, dentro de la lógica privada
que rige estas empresas, y dada la composición de sus juntas donde hacen presencias
representantes de los gremios empresariales[21]
(escogidas autónomamente por el alcalde … teóricamente en nombre de la
ciudadanía y quienes, según la Corporación Andina de Fomento, “se consideran miembros independientes a “aquellas
personas de reconocido prestigio profesional que pueden aportar su experiencia
y conocimiento para la dirección de la empresa…”[22]. (SINPRO, 2017)); sumada a la existencia de empréstitos
con la Banca Multinacional, dicha lógica “privada” se acentúa por encima de “lo
público”; resaltando que es un fenómeno generalizado:
“En ese
sentido, las principales empresas
estatales colombianas se han autonomizado de una forma significativa en sus procesos de
gestión y en las decisiones tecno
administrativas respecto del poder
político y se han convertido, de manera
parcial pero manifiesta, en tecnocracias administrativas o manageriales
de tipo neoliberal, conservando la
naturaleza público estatal de los derechos de
propiedad (Barzelay, 2001; Bresser y otros, 2000; Peters, 2005)” (Varela
Barrios, 2008)
En
ese entorno, la empresa, No ha sido ajena a procesos asociados a prácticas
corruptas:
Muchos hablan, comentan y critican la
administración de la gerente de Aguas y Aguas, María Irma Noreña, cuestionando
algunas de las supuestas irregularidades que se han encontrado en esta empresa
de servicios públicos. Lo cierto es que hasta el momento no hay ninguna prueba
que pueda confirmar dichas anomalías. La pregunta es ¿no hay ninguna
irregularidad y todo es transparente o son muy astutos y han sabido camuflar
estos actos?
“Primera vez en
22 años que me encuentro a un gerente manipulando los contratos”, afirma Jorge
Hernán Penagos, comerciante de tubería y redes para alcantarillado. (Castellanos,
2011)
Ante las experiencias
citadas previamente, las alertas de diversos actores ciudadanos, se encienden
cada vez que se “huele” la más mínima posibilidad de que la empresa sea
privatizada. En
enero de 2018, desde la Corporación VIGÍA Cívica, denunciamos otra sorpresiva
transformación de la empresa, de Sociedad Anónima, S.A. a Sociedad por Acciones
Simplificada, S.A.S
transformación
del régimen de la empresa de Sociedad Anónima (S.A.) a Sociedad por Acciones
Simplificada (S.A.S.), y de la composición accionaria, Valencia aseveró que la
Empresa de Energía de Pereira no está interesada en aumentar su participación
accionaria, que es del 0,01 por ciento, y, además, la empresa de acueducto no
está buscando que la capitalicen.(SEPULVEDA,
2018)
Para fines de
2019, el tema de la posible privatización seguía presente (Concejo) .
Durante la
administración de un precandidato al Senado se estableció la figura del “mínimo
vital de agua” para favorecer a los miles de consumidores en estratos sociales
más bajos con un consumo de agua gratuito. Al momento de escribir estas notas,
el alcalde ya es senador.
También, en
este instante, el fantasma privatizador, se volvía a agitar:
… varias situaciones que afectan a
esa empresa, entre ellas el embargo de sus cuentas bancarias por la DIAN, para
cobrar $8.000 millones[23]
de sanción por la inexactitud en la declaración de renta de 2010 y el riesgo de
otra multa similar, por el año 2015. También se refiere a una demanda de Aguas
y Aguas a la Empresa de Energía de Pereira, por $55.462 millones[24],
valor del transporte de agua para la Hidroeléctrica Nuevo Libaré. Acción
judicial que envuelve en un dilema ético impresentable al alcalde de Pereira, Carlos
Alberto Maya, por ser miembro de las juntas directivas de las dos empresas y en
un conflicto de intereses a la gerente de la Empresa de Energía, Yulieth Porras
Osorio, quien hace parte de junta directiva de Aguas y Aguas, en representación
de la empresa demandada, que es accionista de aquella y, a su vez, tiene
accionistas privados.(Fonseca
Morales, 2023)
|
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PEREIRA |
|||
|
UTILIDAD EN MILES DE PESOS |
|||
|
Vigencia |
utilidad/perdida |
aproximado en Dólares de la fecha |
Alcalde |
|
1998 |
$ 4.994.885 |
$ 3.501.398,49 |
Luis Alberto Duque Torres |
|
2000 |
$ 4.268.712 |
$ 2.044.265,23 |
|
|
2001 |
$ 2.552.736 |
$ 1.109.836,96 |
Martha Elena Bedoya Rendón |
|
2002 |
$ 2.293.987 |
$ 915.196,98 |
|
|
2003 |
$ 2.077.000 |
$ 722.206,19 |
|
|
2004 |
$ 6.023.562 |
$ 2.291.660,93 |
Juan Manuel Arango Vélez |
|
2005 |
$ 8.437.507 |
$ 3.634.522,22 |
|
|
2006 |
$ 8.384.795 |
$ 3.554.445,60 |
|
|
2007 |
$ 9.412.394 |
$ 4.533.384,39 |
|
|
2008 |
$ 8.416.846 |
$ 4.278.787,66 |
Israel Alberto Londoño Londoño |
|
2009 |
$ 10.940.446 |
$ 5.080.781,13 |
|
|
2010 |
$ 5.239.924 |
$ 2.759.772,05 |
|
|
2011 |
$ 6.656.780 |
$ 3.604.162,49 |
|
|
2012 |
$ 8.691.985 |
$ 4.834.816,64 |
Enrique Vásquez Zuleta |
|
2013 |
-$ 11.408.349[25] |
-$
6.103.658,98 |
|
|
2014 |
$ 1.579.180 |
$ 789.459,74 |
|
|
2015 |
$ 1.745.922 |
$ 636.410,43 |
|
|
2016 |
$ 15.483.562 |
$ 5.074.947,07 |
Juan Pablo Gallo Maya |
|
2017 |
$ 12.089.379 |
$ 4.096.261,67 |
|
|
2018 |
$ 9.756.103 |
$ 3.304.800,99 |
|
|
2019 |
$ 10.323.569 |
$ 3.144.218,25 |
|
|
2020 |
$ 8.223.336 |
$ 2.231.600,43 |
Carlos Alberto Maya López |
|
2021 |
$ 14.819.092 |
$ 3.959.053,08 |
|
Cuadro propio a
partir de información de la gerencia de la empresa.
Como se puede
ver el dato citado de los 8.000 millones es alarmante, entre otras cosas,
porque las ganancias de la Empresa han sido esenciales dentro del escaso
financiamiento propio que posee el municipio -la mayor parte de su presupuesto
proviene de la nación- y golpean entonces los mismos. Y lo de los 55 mil, por
lo inverso, son dineros que requiere el municipio, pero que debe cobrar a un
semi-privado, en un 49%, que como hemos visto, es experto en dilatar los
procesos judiciales.
EL PRESENTE
Dado que nos centramos en los servicios
públicos, escapa a éste texto todo el proceso asociado a el Aeropuerto (Pereira
es una de las pocas ciudades del país donde dicha institución es propiedad del
municipio y No de la nación), en resumen: “¡El
aeropuerto! que nos daba utilidades MINIMO por 9.600 millones al año, el cual
en Abril del 2017, firmó ‘la peor Alianza Público Privada del país’ https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/app-del-aeropuerto-pereira-seria-la-peor-del-pais-segun-analista-economico ” [26] (Parra G, 2020)
Las “empresas” del municipio, son pequeñas,
posee un Diagnosticentro, es socio mayoritario del terminal de transportes. La
Empresa de Desarrollo Urbano es un ente supremamente débil. Se habla de
procesos que pueden ser privatizados como las Foto Multas (Pereira, 2020)
Pero lo cierto es que los grandes negocios públicos
que se podían privatizar, parcial o totalmente, salvo Acueducto y
Alcantarillado, ya lo fueron.
Como
hecho sorprendente, dado el proceso mundial que lleva a que los municipios, el
estado deba subsidiar el transporte público, y en el actual escenario se
“socializan las pérdidas, pero se privatizan las ganancias”, se ha abierto la
posibilidad de que exista, al igual que en Bogotá, una empresa pública de
transporte, que, al menos permita tener a ciencia cierta claridad sobre los
costos/beneficios en que incurren un privado al operar un servicio público
Fuente:
Alcaldía de Pereira- Hacienda, 2023.
Según
ese cuadro, un 10% de los “recursos propios” del municipio provenían de las
utilidades que recibía de la Empresa de Energía y la de Acueducto.
CORTA REFLEXIÓN FINAL
I
Primero una especie de micro “marco
conceptual”: “El mundo” No existe.
Existen Zonas, Países, Regiones, Provincias, Ciudades, Aldeas, cada una con su
dinámica, posiblemente asociada a otras, pero lejos del “en todo el mundo”. Por ese motivo las fórmulas universales ni han
funcionado, ni funcionarán.
Dicho lo anterior, las grandes empresas
estatales, eran, y son (las que quedan) importantes al facilitar la
transferencia de rentas al estado para que éste las socialice. Bajo ene
argumentos dichas empresas se han privatizado, argumentando diversas causas, se
plantea que son deficitarias, “al borde de la quiebra” y por ende deben ser
vendidas y que con las cuantiosas rentas ocasionales que se generen al hacerlo,
se realizarán grandes obras (¿sociales?) e inversiones.
Y, sí, es cierto: tanto en el socialismo
real, como en el estado de bienestar, la mayoría de las empresas del estado,
“públicas” No se caracterizaban, en general, por una altísima eficiencia. Buena
parte se encontraban burocratizadas, con costos laborales impresentables,
asociados a prebendas y privilegios de trabajadores (Ejemplo ¡pensiones a los
45 años!) o clientelizadas y/o robadas por “agentes públicos”: no sólo
“políticos”[27].
Cuando en los años 60 (no fue cuando llegó
al poder) Deng Xiaoping dijo un proverbio de la provincia de Sichuan "No importa si un gato es amarillo o
negro, mientras atrape ratones, es un buen gato" (Yanzeng, 2008) que se volvería “la teoría del gato”, desconocía
el modelo actual que impera en China donde la economía en general ama lo
privado en la economía, pero el estado detenta aquello que considera
“estratégico”, y políticamente sigue siendo una “democracia de un solo
partido”. Ese es el modelo de la potencia dominante del siglo XXI, pero que, al
contrario que su antecesor, el estadounidense, No parece extenderse al resto
del mundo… salvo lo “privado”.
II
Pasados los años de la euforia
privatizadora, pues ya poco o nada queda por serlo, el balance es que las promesas de lo que se haría con los
recursos resultó en una “venta de humo
para incautos” -salvo para quienes se enriquecieron con primas de éxito
legales o comisiones ilegales- y que, en general, “resulta considerablemente mayor el dinero que deja de ser percibido por la operación
directa” y como lo ha dicho el mismo Banco Mundial el balance a la hora de
reducir el déficit fiscal es negativo (Varela Barrios, 2008)
¿Se desclientelizaron esas empresas,
dejaron de ser botines de políticos e irresponsable manejo de recursos?, sí, es
parcialmente cierto porque sigue habiendo buena parte de la contratación
dedicada a la “cooptación de actores” ¿La despolitización implicó una
delegación del poder hacia las tecnocracias?
Si, así es. Esas y otras situaciones no quieren decir que se han
blindado del primo perverso del clientelismo: la corrupción.
Se temía que se extendiera el cobro a
quienes tienen “incapacidad económica”. Una discusión válida, en parte, pues el
ejemplo que la contradice son los diversos escándalos donde se ha probado que
familias ricas, empresas, pudientes, evaden el pago de los servicios públicos
“roban energía” “desaguan o usan alcantarillados ilegales” etcétera, empero, la
Corte Constitucional siempre ha sido -desde 1991- profundamente garantista:
“.. se respetarán los
derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando se vaya a tomar la
decisión de cortar el servicio. Tales derechos, como el respeto a la dignidad
del usuario (art. 1° de la C.P.) son, entre otros: (i) el debido proceso y el
derecho de defensa, que permite a los usuarios o suscriptores contradecir
efectivamente tanto las facturas a su cargo (…) como el acto mediante
el cual se suspende el servicio (…) y también obligan a las empresas
prestadoras de servicios públicos a observar estrictamente el procedimiento que
les permite suspender el servicio (…). El derecho al debido proceso
incorpora también el derecho a que se preserve la confianza legítima del
usuario de buena fe en la continuidad de la prestación del servicio si éste ha
cumplido con sus deberes (…); y (ii) el derecho a que las empresas
prestadoras de servicios públicos se abstengan de suspender el servicio cuando
dicha interrupción tenga como consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales
de sujetos especialmente protegidos o, impida el funcionamiento de hospitales y
otros establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus
usuarios (…), o afecte gravemente las condiciones de vida de toda una
comunidad (…)”.(Constitucional, 2003)
Empero:
“Sin duda, hay que reconocer que se ha dado un enorme salto cualitativo en la calidad de la
provisión de los servicios. Ni los más fuertes críticos de las privatizaciones
pueden desconocer la enorme revolución
tecnológica en los llamados servicios
públicos. Esta revolución tecnológica ha implicado la llegada de nuevas tecnologías a vastos sectores de la sociedad” …“Si se toman en cuenta los 6 elementos usualmente
utilizados para determinar la calidad (cobertura; oportunidad; calidad del
servicio; respuesta frente a daños;
respuesta frente a reclamos; manejo de cartera y relaciones usuario–cliente), se comprueba
que se ha presentado un salto
cualitativo en el conjunto de las
empresas analizadas.” (Varela
Barrios, 2008)
III
En el caso abordado -estudiado es una conjugación verbal superior- se busca responder
la pregunta central que pone Pujadas: ¿Se transforma la
ciudad para mejorar las condiciones de vida de las personas y/o se trata lisa y
llanamente de procesos especulativos, tendentes a la obtención de plusvalías?
La respuesta, como casi todo en la vida, No
es ni blanca, ni negra, es en tonos, en colores:
(+)
¿se puede negar que la empresa de acueducto y alcantarillado renta utilidades
al municipio?
(+)
¿Que el modelo de la Empresa de Energía, si bien, no el 100% pero si el 51% de
sus utilidades van a él?.
No, esa es la realidad son los hechos.
Ahora bien, siguen las polémicas sobre si
(¿)
se debió vender toda la telefónica, o si hubiera sido mejor intentar ser parte
minoritaria de lo que hoy es una de las 3 grandes compañías de telefonía móvil?
Eso en los 3 componentes gruesos, en los
otros:
(-)
El tema de la concesión del Aseo, parece ser un negocio equivocado y lleno de
rumores.
(-)
Lo sucedido con el Alumbrado tiene unos visos de ilegalidad que nadie ha
terminado aún de escribir.
Es decir, el balance es agri dulce, más
desde el lado que se mire.
Parece que por fin habíamos
aprendido que ¡las vacas lecheras NOOO se venden! Que el argumento de todo lo
público NO funciona es tan torpe como el de todo lo privado sí. Y, por el
contrario, lo que se necesita, es un modelo como el de Empresas Públicas de
Medellín, o uno como éste (Energía), que le ha producido a la ciudad, en estos
12 años, centenas de miles de millones de pesos y cuya única preocupación han
sido las aventuras financieras en las que nos han querido meter el socio, y en
las que aún retumban apellidos como “Nule” (Gas Capital y Energy), Fondos como
el “Premiun” (Interbolsa) y ahora estamos muy, pero muy atentos, en el que sí
nos involucraron: Electricaribe. (Parra G, 2020)
IV
La posibilidad de privatización total o
parcial sigue ahí, nunca se ha ido, ni se irá, pues el planeta se rige por el
mercado, por lo privado -el hegemon
planetario que sigue, repito, funciona así- entonces se trata es de
acumular experiencias y proponer. Van algunas ideas a continuación.
·
¿Qué
hacer cuando son “los agentes
privatizadores (son) quienes controlan la información con base en la cual las agencias
gubernamentales fijan los precios,
intervienen y regulan el mercado”? pues hay salidas, ejemplos mundiales donde “al privatizarse el servicio” “se preservó
una porción del mismo servicio para una
empresa gubernamental de corte municipal, de tal manera que ésta pueda hacer un monitoreo incuestionable
sobre los verdaderos costos de la
operación”. Tal cual lo hará la empresa de transporte público de Bogotá “La
Rolita” frente a sus pares privados.
·
El
tema de los subsidios cruzados, donde los más pudientes apoyan vía tarifa a los
menos: Colombia lo aplica desde hace décadas, y lo ha extendido, por ejemplo,
con el mínimo vital, independiente de la forma en que se oriente la empresa.
Puede ser más equitativo. Seguramente.
·
Las
juntas de las empresas, dependen mucho de quien las lidere, por ejemplo, los
alcaldes. Su composición olvida que
los empresarios (y los intereses que representan) quedan, los gobernantes y los
gerentes pasan sucede como en buena parte del estado, y de los
gobiernos: aquellos que permanecen en el
escenario independiente del gobierno, poseen mayor conocimiento de los procesos
que aquellos relevados, a duras penas, algunos técnicos de nivel medio logran
ser la “memoria institucional” si es que esta no ha optado por el extendido
fenómeno de las ordenes de prestación de servicios que acentúa entonces la
amnesia institucional. Frente al fenómeno de las juntas, lo único que queda es
la pluralidad en su composición, para que sean más incluyentes del conglomerado
social: en Colombia por ejemplos las (¿empresas?) Cajas de Compensación, son
compuestas -o lo eran- por miembros de los empresarios, de los sindicatos y del
gobierno de turno. De igual manera lo eran los mega centros educativos del
Servicio Nacional de Aprendizaje: ambos siempre deseados y tentados por
sectores políticos con sus prácticas corruptas y clientelistas.
Para cerrar, parafraseando a Deng, pero en
mis términos, necesitamos construir un modelo que sea “disruptivo” -para
ponernos a tono con la época- y entonces, se cambie el paradigma establecido, por
uno que SOCIALICE LAS GANANCIAS Y
PRIVATIZE LAS PÉRDIDAS
Comentario de Pujadas
Manejas una cantidad impresionante de datos, pero haces malabares con el análisis. A mí me da la sensación de que en todos los procesos que analizas ha habido apropiación indebida por parte de los empresarios y corrupción y clientelismo por parte de los cargos políticos.
Tal vez la perspectiva analítica de Theodore, Peck y Brenner habría ayudado a afinar un poquito más.
En cualquier caso los datos de que dispones son el preludio de una investigación que, con sosiego, puede aportar resultados espectaculares.
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2022:
https://corrupcionaldia.com/el-air-e-de-alberto-rios-velilla-un-remedio-peor-que-la-enfermedad/
[1] Curiosamente, quien escribe, había
sido becado para estudiar Historia, en 1988, en la URSS, en Rusia… llegó al
derrumbe.
[2] Traducción …
En términos más generales, la privatización puede
ayudar a aliviar la presión sobre el presupuesto público, tanto a corto plazo
por los ingresos producidos por la venta de la empresa como a largo plazo en la
medida en que la inversión ya no necesita ser financiada por el gobierno.
Sin embargo, la principal justificación de la
privatización es la creencia de que la industria privada se gestiona con más
eficacia que las empresas estatales, debido a los incentivos más directos a los
que se enfrenta un gestor que, o bien tiene un interés personal directo en los
beneficios de una empresa, o bien es responsable ante quienes sí lo tienen.
Como mínimo, la amenaza de quiebra pone un límite a la ineficacia de las
empresas privadas, mientras que muchas empresas estatales parecen tener acceso
ilimitado a las subvenciones.
Esta creencia en la eficacia superior del sector
privado ha sido durante mucho tiempo un artículo de fe en Washington (aunque
quizá no con tanto fervor como en el resto de Estados Unidos), pero no fue
hasta la enunciación del Plan Baker en 1985 cuando se convirtió en política
oficial de Estados Unidos promover la privatización en el extranjero. Desde
entonces, el FMI y el Banco Mundial han fomentado debidamente la privatización
en América Latina y en otros lugares.
[5] Dado que se presupone que hay una
competencia, y por ende la carencia de un monopolio, se evita la palabra
concesión… pero la figura, en la práctica, lo es.
[6] “No obstante, no se echó atrás el
contrato, sino que se ‘ajustó’ en un acto de inmoralidad administrativa que,
luego de ires y venires, el Consejo de Estado anuló en el 2014” (Suarez, 2017)
[8] “las partes de mutuo acuerdo
establecen que el valor de las inversiones realizadas y no recuperadas – como
consecuencia de la terminación anticipada del contrato ascienden a
$5.442.756.437, los cuales serán reconocidos por el municipio y pagados” https://s3.pagegear.co/387/69/2016/08/Liquidacion-bilateral-Contrato-ENELAR.pdf
[11] “La Electrificadora del Tolima
S.A. ESP había sido intervenida con las resoluciones de la Superintendencia de
Servicios Públicos 001398 del 16 de enero de 2002 y liquidada con la 003848 del
12 de agosto de 2003. Había incumplido, según expresa en su parte motiva la
Superintendencia, de “manera reiterada en el pago de sus obligaciones
mercantiles y puso en riesgo la prestación del servicio al haber sido objeto de
la medida de limitación del suministro de energía eléctrica con suspensión
efectiva del servicio en el Departamento del Tolima, afectando aproximadamente
a 299 mil usuarios” …. “Del cascarón jurídico de Electrificadora del Tolima
nace en 2003 su reemplazo, la Compañía Energética del Tolima…” (Corrupcionaldia, 2020)
[12] Flamantes empresarios top en ese
entonces, y mega corruptos enjuiciados después, referencia para mayores
fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Carrusel_de_la_contrataci%C3%B3n
[13] Los manejos que se dieron a la
empresa en los años posteriores han sido ¿delicados?... de hecho veedores
ciudadanos han seguido atentos: https://corrupcionaldia.com/en-manos-de-quien-quedo-la-operacion-del-servicio-de-electricidad-en-el-caribe-colombiano/
[14] Cuando se hicieron al control de
la compañía, estos empresarios compraron de forma anticipada 107.000 millones
de pesos en energía a Enertolima. También sacaron 38.000 millones de pesos de
la caja de la empresa de Pereira y constituyeron un fondo de capital privado
que prestó la plata a diversas empresas de Nule y Ríos. Esta transacción ya
está en la mira de las autoridades para evaluar si se configuró una suerte de
autopréstamo y si hubo alguna ilegalidad. (Semana, 2010) (Suarez, 2017)
[15] “En una carta rectificatoria a
propósito de un reportaje en la revista Semana que narra la estrepitosa caída
del llamado Grupo Nule, el empresario Alberto Ríos aclara, sin negar, que los
“auto-préstamos” sólo se configuran en el sector financiero y en no en ese
especifico caso”(Corrupcionaldia, 2020)
[16] https://www.eep.com.co/images/Informe_final_auditoria_General_de_la_Republica.pdf y https://www.eep.com.co/images/Documento_de_la_AGR_enviado_a_Empresa_de_Energia_de_Pereira_sobre_el_control_fiscal_de_la_contraloria.pdf
[17] Los manejos que se dieron a la
empresa en los años posteriores han sido ¿delicados?... de hecho veedores
ciudadanos han seguido atentos: https://corrupcionaldia.com/en-manos-de-quien-quedo-la-operacion-del-servicio-de-electricidad-en-el-caribe-colombiano/
[18]
Es curioso como algunos datos de la utilidad anual NO coinciden entre los
mismos documentos, siendo igual la fuente.
[19] “Me puse con mi equipo a revisar
las inversiones y le demostramos al BID que no se necesitaban tres plantas de
tratamiento; y que además no eran tan complejas como se decía que se
necesitaba, pues la capacidad de auto oxigenación de nuestro OTUN, es maravillosa.
Planteamos entonces un trasvase el Otún Consotá para hacer una sola PTAR de
nivel acorde con nuestro río. Plantee rebaja del pagare por estar
sobredimensionada la obra con soportes técnicos imprecisos; me dijeron que
estaba loca, que como se me ocurría plantear rebajar un pagaré ya firmado. Después
de muchos trámites con ellos y con los interventores en Bogotá, me dijeron que
me fuera a Washington, a la dirección de BID, y allá me fui hasta que logramos
el objetivo: rebajar el pagaré como a 25 millones de dólares, como a la tercera
parte del crédito inicial, creo. Eso fue extraordinario, hoy no me explicó como
lo hicimos: con la verdad, la honestidad, la transferencia y la tenacidad.
Estuve del 2001 al 2003 periodo fijo en la alcaldía de Marta Elena. Era el plan
de saneamiento, que iniciamos con el saneamiento de todas las quebradas
afluentes del Consotá y el Otún para llegar a la PTAR que hacia parte del plan
y que definimos en el 2002. Se concibió el trasvase para hacer una sola Planta
eficiente y para racionalizar las inversiones” (Acevedo, 2023)
[20] NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) en
ingles
[21] proponemos a los candidatos presidenciales que se
comprometan con reglas que eviten la intromisión de intereses particulares en
las empresas estatales, además de regular los aportes a las campañas políticas,
para que se evite el pago de favores a través del ingreso de los privados a
espacios estratégicos como las juntas directivas de las empresas de carácter
público (SINPRO, 2017)
[22] “Efectividad y estructura de los
directorios de las empresas de propiedad estatal en América Latina y el
Caribe”, Corporación Andina de Comercio, CAF,
[23] 1.7 millones de dólares
[24] 11.8 millones de dólares
[25]
Dato generado por una depuración contable de los activos recibidos de la
escisión
[27] Como insiste Varela: “alcaldes y
concejales, en el contexto de la
cultura clientelar colombiana, se apoderaron
de las empresas, las saquearon, las feriaron y las convirtieron en aparatos ineficientes”